- Mediante dispositivo legal emitido hoy, PRODUCE modificó Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún
- Finalidad es generar mayor oferta del recurso para impulsar la industria atunera que es fuente de empleo y de divisas
Con el propósito de perfeccionar el ordenamiento pesquero del atún, promover su aprovechamiento racional y sostenido, así como el desarrollo de la industria pesquera, el Ministerio de la Producción (PRODUCE), emitió la norma que modifica el Reglamento de Ordenamiento Pesquero de este recurso.
El Decreto Supremo N° 026-2016-PRODUCE, publicado hoy en el diario oficial El Peruano y que modifica el D.S. N° 032-2003-PRODUCE, señala que la medida comprende a los armadores de embarcaciones de bandera extrajera, sus representantes, y a las personas naturales y jurídicas asociadas a la actividad pesquera del atún.
Según el dispositivo, cuando el armador de la embarcación pesquera atunera de bandera extranjera solicita permiso de pesca, éste quedará sujeto a la entrega como mínimo del treinta por ciento (30%) de lo que capture durante la vigencia de su autorización, e igual porcentaje para cada renovación.
En cuanto a las obligaciones, las embarcaciones pesqueras extranjeras – antes de iniciar sus operaciones en aguas peruanas - deben arribar a puerto peruano para la verificación correspondiente por parte de la autoridad marítima, la cual no otorgará el zarpe a aquellas que carezcan del permiso o de su renovación vigente.
La norma señala que el Viceministerio de Pesca y Acuicultura está a cargo del control de las autorizaciones de incremento de flota, así como de los permisos de pesca y monto de los derechos, entre otros aspectos.
Respecto a los derechos de pesca para las embarcaciones pesqueras atuneras de bandera extranjera, el dispositivo publicado detalla que el monto fijado es de cien dólares de los Estados Unidos de América (US$ 100.00) por cada unidad de arqueo neto, por un período de tres (3) meses.
Cabe precisar que el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún, tiene como objetivo la promoción y el desarrollo de la pesquería de atunes, mediante la conformación y crecimiento progresivo de una flota atunera nacional especializada con sistemas de preservación a bordo.
De igual manera, la diversificación de la industria pesquera para el procesamiento de las capturas de los atunes, que incremente la producción de alimentos para el consumo humano directo, la generación de empleo y el mayor ingreso de divisas.
Como parte de las facultades otorgadas al Ejecutivo
- Ministro Bruno Giuffra anunció también creación del Registro de Infractores para evidenciar empresas que obstaculizan negociación de facturas
El ministro de la Producción, Bruno Giuffra, explicó que alrededor de 75 mil micro, pequeñas y medianas empresas (MYPE) resultarán beneficiadas tras la aprobación del decreto legislativo que hace más ágil el financiamiento para las empresas a través de la factura comercial o procedimiento conocido como factoring.
El titular del portafolio explicó que el factoring es un mecanismo de financiamiento que permitirá a las MYPE obtener recursos para su capital de trabajo a bajo costo.
Giuffra, explicó que en la actualidad hay empresas que entorpecen el proceso de factoring, con la exigencia de un sello en la tercera copia de las facturas. Con la norma, también se validará con la carta notarial.
Además, el ministro mencionó que se creará un Registro de Infractores para que se evidencie cuáles son las empresas que obstaculizan la negociación de las facturas.
Tales declaraciones las brindó el titular de PRODUCE, durante la conferencia de prensa realizada en Palacio de Gobierno luego del Consejo de Ministros.
Los sectores que se beneficiarán con el uso de la mencionada factura negociable son: Comercio (alrededor de 64% de empresas potenciales utilizan las operaciones de factoring), Textil y Manufactura (15%).
Cabe resaltar que el monto colocado por las operaciones de factoring y descuento a nivel nacional está en el orden de los S/. 6, 897 millones.
- También prorrogó por 60 días Estado de Emergencia en los distritos de Urarinas y Parinari, en Loreto, por impacto de daños por derrame de petróleo
El Gobierno Nacional inició el proceso de implementación de los acuerdos de la Mesa de Diálogo de Saramurillo, Loreto, en reunión convocada por el ministro de la Producción, Bruno Giuffra, y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
La cita, desarrollada en la sede institucional del Ministerio de la Producción (PRODUCE), contó con la participación de medio centenar de representantes de los ministerios de Energía y Minas, Salud, Ambiente, Educación, Agricultura, Cultura, Transporte, Justicia, Inclusión, Economía, Comercio así como Petroperú.
Los sectores aprobaron la Matriz de Seguimientos de Acuerdos de Saramurillo así como las acciones de coordinación intersectorial para dar cumplimiento a los citados acuerdos y tomar las primeras medidas como prorrogar el estado de emergencia en los distritos de Urarinas y Parinari en Loreto.
El pasado lunes se publicó el reglamento de uso del fondo de remediación ambiental en la amazonía, en atención a un ofrecimiento hecho por el premier Fernando Zavala a las comunidades nativas de Saramurillo que realizaban una jornada de protesta de tres meses tras los derrames de crudo.
Como se recordará el pasado 15 de diciembre, el Ejecutivo a través de una comisión de gobierno liderada por el titular de PRODUCE, llegó a un entendimiento con las comunidades nativas de las provincia de Loreto -en la región del mismo nombre-, luego de más de 24 horas de negociación en la Mesa de Diálogo.
Estado de Emergencia
Como parte de las medidas a favor de las comunidades indígenas, el Gobierno prorrogó hoy por 60 días calendario, a partir del 29 de diciembre de 2016, el Estado de Emergencia en los distritos de Urarinas y Parinari, de la provincia de Loreto, de la región del mismo nombre, por impacto de daños originados por el derrame de petróleo crudo en el Tramo I del Oleoducto Nor Peruano (ONP).
Mediante Decreto Supremo N° 094-2016-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, se precisa que la finalidad es continuar con la ejecución de las acciones de excepción inmediatas y necesarias, destinadas a la respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas, así como de reducción de muy alto riesgo, en salvaguarda de la vida e integridad de las personas, así como el patrimonio público y privado en dichas zonas.